A veces, incluso entre amigos, antes de expresar una opinión política me descubro calculando qué etiqueta puede caerme después. Si defiendo una medida, quizá me llamen facha. Si cuestiono otra, quizá me llamen rojo. La preocupación deja de ser si puedo explicar bien lo que pienso y pasa a ser qué van a pensar de mí quienes lo escuchen.

Me parece una mala forma de convivir. Deberíamos poder discutir sobre vivienda, inmigración, impuestos o educación sin sentir que cada intervención nos incorpora obligatoriamente a un bando.

No pretendo convertir una experiencia personal en una encuesta sobre toda España. No sé cuántas personas se callan por ese motivo. Sí sé que ese miedo existe en mi manera de participar en algunas conversaciones, y creo que merece atención. Cuando alguien guarda una pregunta por temor al rechazo, el grupo pierde la oportunidad de examinarla, discutirla o demostrar que estaba equivocada.

Las etiquetas políticas pueden ser útiles para describir ideas. Izquierda y derecha existen, tienen historia y representan diferencias reales. El problema aparece cuando una palabra pretende resolver una discusión antes de que haya empezado. Llamar a alguien facha o rojo como respuesta automática permite evitar lo más difícil: escuchar su argumento y explicar por qué no convence.

Una persona puede defender la propiedad privada y querer más vivienda social. Puede reclamar fronteras controladas y exigir un trato digno a los inmigrantes. Puede apoyar una propuesta de un partido y rechazar otras diez. Esa combinación no debería parecer sospechosa. Pensar sobre cada asunto exige poder llegar a conclusiones diferentes sin pedir autorización a una identidad política.

La libertad de expresión tiene una protección jurídica concreta. El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, y prohíbe la censura previa. También establece límites vinculados, entre otros derechos, al honor, la intimidad y la propia imagen. No estamos hablando de una licencia ilimitada para hacer cualquier cosa mediante palabras. [1]

Pero mi preocupación se sitúa también en la vida cotidiana. Una conversación puede estar permitida por la ley y resultar muy difícil por el ambiente en el que se produce. Si esperamos humillación cada vez que discrepamos, tendremos incentivos para callarnos o para repetir lo que el grupo quiere escuchar. Podemos terminar confundiendo ese silencio con un acuerdo que nunca hemos comprobado.

Conviene medir bien las comparaciones históricas. Recibir una descalificación no equivale a la persecución política de una dictadura. Equiparar ambas situaciones resta precisión y desdibuja la gravedad de la represión. Podemos denunciar el deterioro de una conversación democrática sin afirmar que hemos regresado al totalitarismo.

Las redes sociales merecen atención en este debate. Una investigación publicada en Science Advances en 2021, que combinó observaciones en Twitter y experimentos, encontró que las reacciones sociales favorables a expresiones de indignación podían fomentar su repetición. También observó que las personas ajustaban esas expresiones a las normas de su entorno digital. [2]

Ese trabajo no demuestra que las redes expliquen por sí solas nuestras relaciones ni que toda indignación sea injustificada. Muchas injusticias merecen una respuesta pública. Sí ayuda a entender un incentivo preocupante: una reacción puede repetirse porque recibe aprobación, aunque esa aprobación no demuestre que el argumento sea bueno.

Me preocupa que llevemos esa costumbre a la mesa de un bar o a una conversación entre amigos. Que escuchemos una frase y busquemos enseguida a qué bloque pertenece quien la pronuncia. Que una pregunta sobre los efectos de una ley se interprete como una declaración de lealtad a un partido. Que dejemos de preguntar porque preguntar ya parece tomar posición.

Entre amigos debería haber espacio para probar una idea sin presentarla como una conclusión definitiva. Poder decir que no entendemos algo, que un argumento contrario nos convence parcialmente o que hemos cambiado de opinión. La confianza sirve también para eso: para pensar en voz alta sin tener que acertar siempre.

Quien propone una idea debe aceptar preguntas y objeciones. Quien escucha debería poder distinguir entre una afirmación y la intención que imagina detrás de ella. Antes de atribuir malicia, conviene comprobar qué se está defendiendo realmente. A veces una pregunta torpe es solo una pregunta torpe.

Esto también importa cuando un periodista cubre una manifestación. Podemos cuestionar el enfoque de un medio, la selección de imágenes o la forma de preguntar. Esas críticas pueden ser duras y estar justificadas. Deberían referirse al trabajo concreto. Convertir a la persona que lleva el micrófono en un enemigo por el logotipo de su cadena empobrece cualquier reclamación.

También puede haber quien busque una reacción hostil para convertirla en contenido. Ante esa posibilidad, mantendría la calma y evitaría regalar una escena de insultos. Pero nadie está obligado a conceder una entrevista, contestar todas las preguntas o participar en una discusión interminable. Se puede rechazar una conversación y seguir respetando la libertad de quien quería iniciarla.

Aquí hay una distinción importante: libertad de expresión no significa inmunidad frente a la crítica. Si publico un artículo, los demás pueden discutirlo, señalar sus errores e incluso considerar que su posición es profundamente equivocada. Esa respuesta también forma parte de la conversación libre que quiero defender.

El respeto que reclamo tampoco exige considerar todas las ideas igualmente valiosas. Hay afirmaciones falsas, propuestas discriminatorias y discursos autoritarios. Deben poder identificarse y combatirse con argumentos. Precisamente por eso conviene utilizar los términos con precisión: explicar qué hace autoritaria una propuesta ayuda mucho más que repartir la misma acusación ante cualquier discrepancia.

Este criterio debería aplicarse a las conductas concretas, independientemente de quién las protagonice. No hace falta sostener que todos los grupos se comportan igual ni que todas las responsabilidades sean equivalentes. Hace falta poder condenar una intimidación sin preguntar primero si favorece al partido que preferimos.

También nos corresponde revisar cómo participamos. ¿Leemos el argumento completo antes de responder? ¿Estamos discutiendo una propuesta o suponiendo todo lo demás que piensa su autor? ¿Aceptaríamos la misma forma de tratar a alguien si estuviera dirigida contra nosotros?

No considero que esto vaya a resolverse pidiendo únicamente más educación. Necesitamos hábitos concretos: preguntar antes de atribuir intenciones, distinguir hechos de opiniones, reconocer un error y dejar que una persona cambie de postura sin ridiculizarla. Una conversación donde rectificar se convierte en una derrota invita a defender incluso aquello que ya no nos convence.

Quiero poder expresar una opinión, escuchar una objeción seria y salir de la conversación pensando de otra manera. Quiero que mis amigos puedan hacer lo mismo conmigo. La amistad y la convivencia deberían soportar esa diferencia.

La próxima vez que alguien diga algo con lo que no estamos de acuerdo, podríamos empezar por una pregunta: «¿Por qué piensas eso?».

La respuesta quizá nos confirme que se equivoca. Quizá nos obligue a matizar nuestra posición. Para averiguarlo, primero tenemos que dejarle terminar.